México y Estados Unidos comparten una larga historia de cooperación para responder a desastres y reconstruir economías tanto en la región fronteriza como más allá. Huracanes, terremotos, incendios forestales e inundaciones no respetan fronteras nacionales, y ambos países enfrentan estos riesgos en común. Para gestionarlos, México y EE.UU. han desarrollado acuerdos, marcos institucionales y esfuerzos conjuntos de planeación que permiten preparación, respuesta rápida y recuperación.

Sin embargo, la respuesta a desastres no se trata solo de instituciones y políticas: también se trata del trabajo. El trabajo visible incluye al personal de emergencia, soldados, ingenieros y agencias federales como FEMA en Estados Unidos o SEDENA en México. El trabajo invisible, en cambio, es igualmente esencial: cuidado comunitario, trabajo no remunerado de mujeres en albergues, brigadas voluntarias y jornaleros migrantes que retiran escombros y reconstruyen viviendas. Estas contribuciones suelen ser invisibilizadas o no remuneradas, aunque sostienen gran parte de la recuperación en ambos lados de la frontera.

En cuanto a la cooperación binacional, varios acuerdos formales constituyen la base. El Acuerdo de La Paz de 1983 comenzó como un pacto ambiental pero se amplió a la gestión de desastres, vinculando a SEMARNAT y a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU. en la planeación de contingencias. El Plan Conjunto de Contingencias (JCP) estableció protocolos operativos para emergencias fronterizas, con mecanismos como el Equipo de Respuesta Conjunta, encargado de entrenamientos y operativos binacionales. El Acuerdo de 2011 sobre Cooperación en Manejo de Emergencias en Casos de Desastres Naturales y Accidentes creó un grupo de trabajo de alto nivel que integra a ministerios de Defensa, Salud, Seguridad Nacional y Medio Ambiente de ambos países, enfocándose en prevención, preparación, respuesta y mitigación. De manera más amplia, los marcos trilaterales de Norteamérica también reconocen el riesgo de desastres como un desafío compartido regionalmente, incorporando a Canadá en la planeación de respuesta. A nivel local, los planes de contingencia de ciudades hermanas fortalecen la comunicación y el intercambio de recursos, mientras que programas como Frontera 2020 vinculan salud ambiental y resiliencia frente a desastres.

En el ámbito interno, México también ha desarrollado instituciones clave que se enlazan con la cooperación binacional. El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), creado en 1986, coordina la reducción de riesgos, la respuesta y la reconstrucción post-desastre, integrando a actores nacionales e internacionales. El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), establecido en 1996, fue un mecanismo innovador de financiamiento para reducción de riesgos y reconstrucción rápida, que se articulaba con estrategias de cooperación binacional. Aunque se eliminó en 2021, representa un esfuerzo por institucionalizar la recuperación económica frente a desastres.

Cuando ocurren desastres, la recuperación es tanto un asunto laboral como político. La reconstrucción depende en gran medida de trabajadores migrantes empleados en industrias de reconstrucción en EE.UU. después de huracanes e incendios, del voluntariado comunitario en México que con frecuencia brinda la primera ayuda mucho antes de que lleguen las instituciones federales, y de cuidadores no remunerados, en su mayoría mujeres, que sostienen hogares y albergues. Estas formas de trabajo son indispensables, pero suelen ser informales, inseguras e invisibles en los acuerdos oficiales.

La ayuda mutua ha marcado la relación bilateral a lo largo de los años. Ejemplos incluyen el apoyo de EE.UU. durante los incendios en México a finales de los noventa, la asistencia de México tras el Huracán Mitch en Centroamérica y la ayuda recíproca durante los huracanes y sismos de 2017. Estos casos muestran el potencial de solidaridad, incluso frente a limitaciones estructurales.

A pesar de los avances, persisten desafíos. Los marcos binacionales tienden a priorizar el intercambio de información más que la integración operativa real, lo que genera retrasos en el despliegue de personal y recursos. Obstáculos políticos y jurisdiccionales también limitan la cooperación. Y, sobre todo, los trabajadores de la recuperación —formales e informales, visibles e invisibles— siguen subprotegidos, a pesar de ser el eje de la resiliencia.

En suma, la cooperación entre México y Estados Unidos frente a desastres no trata solo de gobiernos y tratados. Trata de las personas que hacen el trabajo de la recuperación: desde los cuerpos federales hasta los voluntarios comunitarios, desde los trabajadores migrantes hasta los cuidadores. Para los estudiantes, esto implica hacerse preguntas clave: ¿Quién cuenta como trabajador en un desastre? ¿Qué trabajo es visible y cuál es invisible? ¿Cómo puede la cooperación binacional atender estas desigualdades mientras construye resiliencia para futuras crisis?

Lectura recomendada:

Border 2025 -- Iniciativa EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.) para cooperación ambiental en la frontera.

2018 MOU -- Memorandum of Understanding (MOU) firmado en 2018 con Baja California para prevención de riesgos y respuesta de emergencias.

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (Sendai Framework)

Wisner, Ben, et al. At Risk : Natural Hazards, People’s Vulnerability, and Disasters. 2nd ed., Routledge, 2004.

¿Cómo pueden México y Estados Unidos fortalecer los mecanismos de colaboración mutua (formal, informal y comunitaria) para atender desastres naturales en la región fronteriza?

Por formal entendemos las instituciones gubernamentales o supranacionales; por informal, las organizaciones benéficas, como las no gubernamentales; y por comunitaria, la propia ciudadanía de cada país

¿De qué forma podrían los gobiernos de ambos países reconocer y financiar el trabajo de cuidado y las labores comunitarias, especialmente aquellas realizadas por mujeres, como parte esencial de la recuperación económica después de un desastre natural?